Planet Not For Sale

New Trade Data Shows Marked Rise in Deficits During Trump’s First 10 Months, Spotlighting Urgency of Successful NAFTA Renegotiation, Action on China Trade

Eyes on Trade - 5 December, 2017 - 14:43
2017 Trade Deficits With NAFTA Countries and China on Track to Surpass Large 2016 Deficits – Instead of Speedy Deficit Decreases Trump Promised WASHINGTON, D.C. – Contrary to President Donald Trump’s campaign promises to speedily reduce the U.S. trade deficit,...
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The Peterson Institute Agrees That Trade Agreements, Bilateral or Multilateral, Can Alter the U.S. Trade Deficit

Eyes on Trade - 29 November, 2017 - 15:07
The Congressional Research Service (CRS) recently released a report asserting that, “Economists generally argue that it is not feasible to use trade agreement provisions as a tool to decrease the deficit because trade imbalances are determined by underlying macroeconomic fundamentals.”...
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Import Alert: Careful What You Eat During Thanksgiving

Eyes on Trade - 21 November, 2017 - 16:22
Trade Deals Like NAFTA Have Led to a Surge of Imported Food, Threatening Food Safety in America There’s a good chance that some of the food you will eat during Thanksgiving was produced outside the United States. In fact, about...
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News Analysis: Next Round of NAFTA Talks May Bring Renegotiation to an Inflection Point if Canada and Mexico Refuse to Engage on U.S. Proposals

Eyes on Trade - 16 November, 2017 - 19:02
From Lori Wallach, Director, Public Citizen’s Global Trade Watch Renegotiation of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) faces a critical juncture as the fifth round of talks officially starts Friday in Mexico City. At issue is whether Canada and...
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Asia Trip Spotlights Chasm Between Trump Campaign Rhetoric on Trade and Action, Raising Political Stakes for Meaningful Deliverables

Eyes on Trade - 2 November, 2017 - 19:59
WASHINGTON, D.C. – With President Donald Trump beleaguered on many fronts, the stakes for delivering on his trade promises are high as his first trip to Asia features the very nations Trump targeted with the heated trade critique that helped...
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In Epic WTO v. Flipper Case, Trade Organization Ruling in Favor of U.S. Dolphin-Safe Tuna Labeling Program May Reflect Concerns About Trump Criticisms of WTO

Eyes on Trade - 26 October, 2017 - 17:56
U.S. Gutted Ban on Dolphin-Deadly Tuna After 1991 Trade Case; Today’s Ruling Means U.S. Dodges $163 Million in Sanctions for Voluntary Labels That Replaced Ban – But Mexico Can Appeal Decision WASHINGTON, D.C. – After two decades of successful trade...
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How Progressives Can & Must Engage on NAFTA Renegotiations

Eyes on Trade - 20 October, 2017 - 17:27
Findings from National Poll Trade stands out from every other policy issue because Donald Trump’s unhappiness with the status quo is shared by virtually all progressive advocacy groups and nearly all Democratic Members of Congress who are otherwise fighting Trump...
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As Battle Over NAFTA Investor Protections Heats Up, Trinational Coalition Delivers 400,000 Petitions Demanding Elimination of Corporate Rights and Tribunals

Eyes on Trade - 11 October, 2017 - 17:37
Investor-State Dispute Settlement Becomes Key Measure of Whether NAFTA Renegotiations Will Benefit Working People or Expand Corporate Power WASHINGTON, D.C. – Growing public opposition to the expansive corporate privileges at the heart of the North American Free Trade Agreement (NAFTA)...
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Comments Concerning the Costs and Benefits to U.S. Industry of U.S. International Government Procurement Obligations

Eyes on Trade - 22 September, 2017 - 15:12
An excerpt from Global Trade Watch's official comment submission on U.S. procurement obligations is below. For the full report, please click here. Public Citizen welcomes the opportunity to submit comments to the U.S. Department of Commerce and the Office of...
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North Korea Crisis No Reason to Preserve Failed Trade Deal; U.S. Exports to South Korea Dropped, Deficit Nearly Doubled Since Pact

Eyes on Trade - 11 September, 2017 - 13:58
Statement of Lori Wallach, Director, Public Citizen’s Global Trade Watch “How to peacefully resolve North Korea’s nuclear escalation is a thorny question, but what should happen with the 2012 U.S.-South Korea Free Trade Agreement is an entirely separate question that...
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DECLARACIÓN sobre NAMA

Our World Is Not For Sale - 29 April, 2009 - 20:09
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DECLARACIÓN sobre NAMA
Red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS)

¡No permitamos que la OMC destruya las industrias de los países en desarrollo y subaste nuestros recursos naturales!

Mucha gente sabe que la Organización Mundial del Comercio (OMC)
abre los mercados de los servicios y la agricultura con efectos
negativos para los agricultores, los servicios públicos y el
medioambiente en todo el mundo. Pero la OMC ahora quiere poner a la
venta el resto del planeta, a través de un nuevo acuerdo sobre Acceso a
los Mercados para los Productos No Agrícolas (conocido como NAMA por su
sigla en inglés) que se está negociando actualmente como parte de la
‘Ronda Doha’ de negociaciones comerciales, y mediante el cual los
gobiernos pretenden liberalizar todos los sectores restantes de la vida económica de nuestras sociedades.

El acuerdo NAMA contiene propuestas que restringirían severamente
la capacidad de los gobiernos para ejecutar políticas nacionales de
interés público y por el bien común, incluso políticas diseñadas para
apoyar a los productores de los países del Sur generalmente más débiles
y de menor porte. También podría obligar a los países que aplican los
aranceles más altos (es decir, la mayoría de los países en desarrollo)
a realizar los recortes más profundos y los mayores compromisos, aun
cuando eso podría debilitar a industrias y sectores económicos clave en
esos países. Si a esto se le suma el hecho que la OMC efectivamente
‘encierra’ sin salida a los países mediante estos acuerdos de libre
comercio, queda muy claro que el NAMA representa una amenaza muy grande
para los países que ya están bregando por desarrollar sus economías y
sortear la carga injusta e insostenible de la deuda externa.

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, estamos unidos en
oposición a este nuevo intento de abrir mercados para beneficio de las
empresas transnacionales y a costa de la pequeña y mediana industria y
productores, las economías y culturas locales y el medioambiente. Hay
que frenar las propuestas de NAMA y llevar a cabo estudios exhaustivos
sobre los potenciales efectos sociales, ambientales, sobre el empleo y
en materia de desarrollo y equidad de género.

Por eso exhortamos a los gobiernos a:

  • Detener las negociaciones sobre el NAMA y acordar al
    realización de una revisión exhaustiva e independiente acerca de los
    efectos potenciales del NAMA para el desarrollo económico, la
    diversificación productiva industrial de los países en desarrollo, el
    medioambiente y el bienestar social (incluidos empleo, salud y equidad
    de género);
  • Reconocer y garantizar el espacio político
    necesario y las flexibilidades con que deben contar los gobiernos,
    preservando su derecho a emplear herramientas políticas, incluso
    medidas comerciales cuyo fin sea generar economías justas y
    sustentables, proteger y promover el empleo, el bienestar social, la
    salud y el medioambiente al tiempo que se garantiza la participación de
    la ciudadanía;
  • Fomentar la conservación y el manejo
    sustentable de los recursos naturales incluso mediante la decisión de
    frenar la liberalización del comercio de bienes tales como los bosques,
    los peces, el petróleo, el gas, los metales y los minerales.  

Efectos del NAMA en la industria y el desempleo de los países en desarrollo

  • El recorte general y acelerado de los aranceles de
    importación y otras medidas propuestas en el marco del acuerdo sobre el
    NAMA amenazan con impedir la industrialización de los países en
    desarrollo, a los cuales no se les permitiría proteger a sus
    vulnerables industrias locales contra la competencia de  grandes
    empresas extranjeras transnacionales que pueden producir masivamente
    grandes cantidades de productos baratos (siendo que los países hoy
    industrializados emplearon frugalmente medidas de comercio cuando sus
    propias industrias nacionales necesitaban ese tipo de apoyo para
    desarrollarse).
  • El cierre  de industrias y pequeños
    talleres locales como consecuencia de la presión que suponen las
    importaciones a precios más bajos llevaría a incrementar el desempleo.
    La liberalización del comercio impuesta por el FMI-Banco Mundial 
    mediante sus programas de ajuste estructural ya tuvo efectos
    desastrosos para el empleo en África, Asia y algunos países de América
    Latina.
  • Combinada con la des-industrialización, la
    liberalización de los recursos naturales prevista por el NAMA (que
    incluiría la pesca, la minería y los bosques y la silvicultura) también
    podría empujar a los países a una mayor dependencia de la exportación
    de materias primas que generan relativamente pocas ganancias, en lugar
    de contribuir a la diversificación de sus economías.  Cualquier aumento
    del volumen de captura en la pesca sería especialmente dañino, ya que
    conduciría a índices crecientes de desempleo, pobreza y desnutrición
    para los miles de millones de personas que dependen de los recursos
    marinos para su alimentación y sustento.
  • Los países en
    desarrollo también se verían privados de los ingresos que hoy perciben
    por concepto de aranceles comerciales (impuestos aduaneros). Esto es de
    importancia capital, ya que muchos de esos gobiernos dependen en buena
    medida de esos ingresos para costear servicios sociales esenciales.
  • El acuerdo sobre el NAMA empujaría asimismo a los países en desarrollo
    a una situación en la que tendrían que importar más, al mismo tiempo
    que exportarían menos a consecuencia de la des-industrialización,
    generándoles así crecientes déficit comercial y un deterioro sostenido
    de su balanza externa de pagos.

Explotación creciente de recursos naturales

Las negociaciones sobre el NAMA representan una seria amenaza
general al medioambiente, y la mayoría de los países ignoran los
efectos ambientales y sociales adversos que supondría potencialmente la
liberalización del comercio en materias primas. Todos los
recursos naturales están incluidos en las negociaciones del NAMA –y
algunos sectores como la pesca y la minería de oro, de diamantes y
aluminio incluso están propuestos para su liberalización completa.

  • La liberalización creciente de las materias primas podría
    conllevar mayor explotación y comercio de recursos naturales escasos, y
    privar a los gobiernos de su capacidad para emplear medidas comerciales
    a fin de administrar sus reservas de manera sustentable y por el bien
    común.
  • El acuerdo sobre el NAMA podría restringir el uso
    de aranceles u otras herramientas comerciales en manos de los gobiernos
    para preservar los medios de sustento de millones de pescadores
    artesanales en todo el mundo y garantizar que los pueblos de los países
    en desarrollo puedan seguir contando con la pesca como fuente
    importante de proteínas.
  • Los gobiernos tendrían menos
    espacio para utilizar medidas comerciales con el fin de proteger
    poblaciones de peces en peligro de extinción. Al mismo tiempo, la
    liberalización del comercio podría fortalecer aún más a las industrias
    de procesamiento de pescado y acuicultura, sin tener en cuenta los
    impactos sobre los derechos humanos y la contaminación de los ambientes
    costeros.

Leyes nacionales y espacio para la formulación de políticas en riesgo

Muchos gobiernos están usando el acuerdo sobre el NAMA y otras
negociaciones en el seno de la OMC para atacar legítimas normas no
comerciales de protección del medioambiente, el bienestar social y la
salud en todas partes. Ellos sostienen que estas llamadas “barreras al
comercio” obstruyen de algún modo las exportaciones de las empresas
transnacionales. Hay leyes sobre alimentos y medicinas, pesca, madera y
petróleo, eficiencia energética, pruebas químicas, reciclaje y normas
de calidad de las industrias electrónica y automotriz que han sido
colocadas en la lista como parte de las negociaciones de NAMA,
aparentemente por orden directa de las empresas que seguramente se
beneficiarán con su eliminación. Este ataque concertado a las
reglamentaciones hace caso omiso de la necesidad de utilizar normas
legales para proteger y promover la salud y bienestar de la ciudadanía,
conservar los recursos naturales y frenar el cambio climático.

Conclusiones 

Las negociaciones sobre el NAMA se están llevando a un ritmo tan
veloz que impide la participación efectiva de los gobiernos con menos
recursos y personal, y más aún que estos realicen los estudios
necesarios sobre el impacto potencial de un nuevo acuerdo de NAMA en
sus economías, los trabajadores y el medioambiente. Aun cuando los
Países Menos Adelantados disponen de algunas exoneraciones limitadas en
la actual ronda de negociaciones, ellas no son suficientes para
garantizar su desarrollo futuro.

En realidad, lo que se pretende imponer ahora es exactamente
contrapuesto al acuerdo para el “desarrollo” que  le vendieron a los
países en desarrollo en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha en
2001. En esa reunión, a los países en desarrollo se les prometió que no
tendrían que ceder tanto como los países más ricos. Pero en las
negociaciones actuales sobre el NAMA se les está exigiendo realizar
mayores “ajustes” y adaptaciones que a los países altamente
industrializados, y tomar riesgos mucho mayores respecto de su
producción actual y sus perspectivas futuras de desarrollo. Los
ministros de comercio de los países del África, el Caribe y el Pacífico
(ACP) ya han expresado claramente que les “preocupa que las
propuestas contenidas en el texto de Derbez y su anexo sobre [los
textos de negociación de] el NAMA … profundizarán aún más la crisis de
la des-industrialización y acentuarán el desempleo y la crisis de la
pobreza en nuestros países
”. Sin embargo, a pesar de estas
declaraciones de evidente preocupación, sus puntos de vista han sido
descaradamente ignorados por los países industrializados y los
responsables de forzar el avance de estas propuestas extremas. No se
puede permitir que esta situación continúe.  Por eso exhortamos a los
gobiernos a:

  • Detener las negociaciones sobre el NAMA y acordar al
    realización de una revisión exhaustiva e independiente acerca de los
    efectos potenciales del NAMA para el desarrollo económico, la
    diversificación productiva industrial de los países en desarrollo, el
    medioambiente y el bienestar social (incluidos empleo, salud y equidad
    de género);
  • Reconocer y garantizar el espacio político
    necesario y las flexibilidades con que deben contar los gobiernos,
    preservando su derecho a emplear herramientas políticas, incluso
    medidas comerciales cuyo fin sea generar economías justas y
    sustentables, proteger y promover el empleo, el bienestar social, la
    salud y el medioambiente al tiempo que se garantiza la participación de
    la ciudadanía;
  • Fomentar la conservación y el manejo
    sustentable de los recursos naturales incluso mediante la decisión de
    frenar la liberalización del comercio de bienes tales como los bosques,
    los peces, el petróleo, el gas, los metales y los minerales.
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DECLARACIÓN sobre NAMA

Our World Is Not For Sale - 29 April, 2009 - 20:06
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DECLARACIÓN sobre NAMA
Red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS)

¡No permitamos que la OMC destruya las industrias de los países en desarrollo y subaste nuestros recursos naturales!

Mucha gente sabe que la Organización Mundial del Comercio (OMC)
abre los mercados de los servicios y la agricultura con efectos
negativos para los agricultores, los servicios públicos y el
medioambiente en todo el mundo. Pero la OMC ahora quiere poner a la
venta el resto del planeta, a través de un nuevo acuerdo sobre Acceso a
los Mercados para los Productos No Agrícolas (conocido como NAMA por su
sigla en inglés) que se está negociando actualmente como parte de la
‘Ronda Doha’ de negociaciones comerciales, y mediante el cual los
gobiernos pretenden liberalizar todos los sectores restantes de la vida económica de nuestras sociedades.

El acuerdo NAMA contiene propuestas que restringirían severamente
la capacidad de los gobiernos para ejecutar políticas nacionales de
interés público y por el bien común, incluso políticas diseñadas para
apoyar a los productores de los países del Sur generalmente más débiles
y de menor porte. También podría obligar a los países que aplican los
aranceles más altos (es decir, la mayoría de los países en desarrollo)
a realizar los recortes más profundos y los mayores compromisos, aun
cuando eso podría debilitar a industrias y sectores económicos clave en
esos países. Si a esto se le suma el hecho que la OMC efectivamente
‘encierra’ sin salida a los países mediante estos acuerdos de libre
comercio, queda muy claro que el NAMA representa una amenaza muy grande
para los países que ya están bregando por desarrollar sus economías y
sortear la carga injusta e insostenible de la deuda externa.

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, estamos unidos en
oposición a este nuevo intento de abrir mercados para beneficio de las
empresas transnacionales y a costa de la pequeña y mediana industria y
productores, las economías y culturas locales y el medioambiente. Hay
que frenar las propuestas de NAMA y llevar a cabo estudios exhaustivos
sobre los potenciales efectos sociales, ambientales, sobre el empleo y
en materia de desarrollo y equidad de género.

Por eso exhortamos a los gobiernos a:

  • Detener las negociaciones sobre el NAMA y acordar al
    realización de una revisión exhaustiva e independiente acerca de los
    efectos potenciales del NAMA para el desarrollo económico, la
    diversificación productiva industrial de los países en desarrollo, el
    medioambiente y el bienestar social (incluidos empleo, salud y equidad
    de género);
  • Reconocer y garantizar el espacio político
    necesario y las flexibilidades con que deben contar los gobiernos,
    preservando su derecho a emplear herramientas políticas, incluso
    medidas comerciales cuyo fin sea generar economías justas y
    sustentables, proteger y promover el empleo, el bienestar social, la
    salud y el medioambiente al tiempo que se garantiza la participación de
    la ciudadanía;
  • Fomentar la conservación y el manejo
    sustentable de los recursos naturales incluso mediante la decisión de
    frenar la liberalización del comercio de bienes tales como los bosques,
    los peces, el petróleo, el gas, los metales y los minerales.  

Efectos del NAMA en la industria y el desempleo de los países en desarrollo

  • El recorte general y acelerado de los aranceles de
    importación y otras medidas propuestas en el marco del acuerdo sobre el
    NAMA amenazan con impedir la industrialización de los países en
    desarrollo, a los cuales no se les permitiría proteger a sus
    vulnerables industrias locales contra la competencia de  grandes
    empresas extranjeras transnacionales que pueden producir masivamente
    grandes cantidades de productos baratos (siendo que los países hoy
    industrializados emplearon frugalmente medidas de comercio cuando sus
    propias industrias nacionales necesitaban ese tipo de apoyo para
    desarrollarse).
  • El cierre  de industrias y pequeños
    talleres locales como consecuencia de la presión que suponen las
    importaciones a precios más bajos llevaría a incrementar el desempleo.
    La liberalización del comercio impuesta por el FMI-Banco Mundial 
    mediante sus programas de ajuste estructural ya tuvo efectos
    desastrosos para el empleo en África, Asia y algunos países de América
    Latina.
  • Combinada con la des-industrialización, la
    liberalización de los recursos naturales prevista por el NAMA (que
    incluiría la pesca, la minería y los bosques y la silvicultura) también
    podría empujar a los países a una mayor dependencia de la exportación
    de materias primas que generan relativamente pocas ganancias, en lugar
    de contribuir a la diversificación de sus economías.  Cualquier aumento
    del volumen de captura en la pesca sería especialmente dañino, ya que
    conduciría a índices crecientes de desempleo, pobreza y desnutrición
    para los miles de millones de personas que dependen de los recursos
    marinos para su alimentación y sustento.
  • Los países en
    desarrollo también se verían privados de los ingresos que hoy perciben
    por concepto de aranceles comerciales (impuestos aduaneros). Esto es de
    importancia capital, ya que muchos de esos gobiernos dependen en buena
    medida de esos ingresos para costear servicios sociales esenciales.
  • El acuerdo sobre el NAMA empujaría asimismo a los países en desarrollo
    a una situación en la que tendrían que importar más, al mismo tiempo
    que exportarían menos a consecuencia de la des-industrialización,
    generándoles así crecientes déficit comercial y un deterioro sostenido
    de su balanza externa de pagos.

Explotación creciente de recursos naturales

Las negociaciones sobre el NAMA representan una seria amenaza
general al medioambiente, y la mayoría de los países ignoran los
efectos ambientales y sociales adversos que supondría potencialmente la
liberalización del comercio en materias primas. Todos los
recursos naturales están incluidos en las negociaciones del NAMA –y
algunos sectores como la pesca y la minería de oro, de diamantes y
aluminio incluso están propuestos para su liberalización completa.

  • La liberalización creciente de las materias primas podría
    conllevar mayor explotación y comercio de recursos naturales escasos, y
    privar a los gobiernos de su capacidad para emplear medidas comerciales
    a fin de administrar sus reservas de manera sustentable y por el bien
    común.
  • El acuerdo sobre el NAMA podría restringir el uso
    de aranceles u otras herramientas comerciales en manos de los gobiernos
    para preservar los medios de sustento de millones de pescadores
    artesanales en todo el mundo y garantizar que los pueblos de los países
    en desarrollo puedan seguir contando con la pesca como fuente
    importante de proteínas.
  • Los gobiernos tendrían menos
    espacio para utilizar medidas comerciales con el fin de proteger
    poblaciones de peces en peligro de extinción. Al mismo tiempo, la
    liberalización del comercio podría fortalecer aún más a las industrias
    de procesamiento de pescado y acuicultura, sin tener en cuenta los
    impactos sobre los derechos humanos y la contaminación de los ambientes
    costeros.

Leyes nacionales y espacio para la formulación de políticas en riesgo

Muchos gobiernos están usando el acuerdo sobre el NAMA y otras
negociaciones en el seno de la OMC para atacar legítimas normas no
comerciales de protección del medioambiente, el bienestar social y la
salud en todas partes. Ellos sostienen que estas llamadas “barreras al
comercio” obstruyen de algún modo las exportaciones de las empresas
transnacionales. Hay leyes sobre alimentos y medicinas, pesca, madera y
petróleo, eficiencia energética, pruebas químicas, reciclaje y normas
de calidad de las industrias electrónica y automotriz que han sido
colocadas en la lista como parte de las negociaciones de NAMA,
aparentemente por orden directa de las empresas que seguramente se
beneficiarán con su eliminación. Este ataque concertado a las
reglamentaciones hace caso omiso de la necesidad de utilizar normas
legales para proteger y promover la salud y bienestar de la ciudadanía,
conservar los recursos naturales y frenar el cambio climático.

Conclusiones 

Las negociaciones sobre el NAMA se están llevando a un ritmo tan
veloz que impide la participación efectiva de los gobiernos con menos
recursos y personal, y más aún que estos realicen los estudios
necesarios sobre el impacto potencial de un nuevo acuerdo de NAMA en
sus economías, los trabajadores y el medioambiente. Aun cuando los
Países Menos Adelantados disponen de algunas exoneraciones limitadas en
la actual ronda de negociaciones, ellas no son suficientes para
garantizar su desarrollo futuro.

En realidad, lo que se pretende imponer ahora es exactamente
contrapuesto al acuerdo para el “desarrollo” que  le vendieron a los
países en desarrollo en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha en
2001. En esa reunión, a los países en desarrollo se les prometió que no
tendrían que ceder tanto como los países más ricos. Pero en las
negociaciones actuales sobre el NAMA se les está exigiendo realizar
mayores “ajustes” y adaptaciones que a los países altamente
industrializados, y tomar riesgos mucho mayores respecto de su
producción actual y sus perspectivas futuras de desarrollo. Los
ministros de comercio de los países del África, el Caribe y el Pacífico
(ACP) ya han expresado claramente que les “preocupa que las
propuestas contenidas en el texto de Derbez y su anexo sobre [los
textos de negociación de] el NAMA … profundizarán aún más la crisis de
la des-industrialización y acentuarán el desempleo y la crisis de la
pobreza en nuestros países
”. Sin embargo, a pesar de estas
declaraciones de evidente preocupación, sus puntos de vista han sido
descaradamente ignorados por los países industrializados y los
responsables de forzar el avance de estas propuestas extremas. No se
puede permitir que esta situación continúe.  Por eso exhortamos a los
gobiernos a:

  • Detener las negociaciones sobre el NAMA y acordar al
    realización de una revisión exhaustiva e independiente acerca de los
    efectos potenciales del NAMA para el desarrollo económico, la
    diversificación productiva industrial de los países en desarrollo, el
    medioambiente y el bienestar social (incluidos empleo, salud y equidad
    de género);
  • Reconocer y garantizar el espacio político
    necesario y las flexibilidades con que deben contar los gobiernos,
    preservando su derecho a emplear herramientas políticas, incluso
    medidas comerciales cuyo fin sea generar economías justas y
    sustentables, proteger y promover el empleo, el bienestar social, la
    salud y el medioambiente al tiempo que se garantiza la participación de
    la ciudadanía;
  • Fomentar la conservación y el manejo
    sustentable de los recursos naturales incluso mediante la decisión de
    frenar la liberalización del comercio de bienes tales como los bosques,
    los peces, el petróleo, el gas, los metales y los minerales.
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OWINFS NAMA Statement

Our World Is Not For Sale - 29 April, 2009 - 20:03
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Stop the WTO destroying developing country industries and selling off our natural resources!

Many people have heard about the WTO opening up markets in services and
agriculture, with negative impacts on farmers, public services and the
environment world-wide. But now the rest of the world is also up for
sale at the World Trade Organization (WTO), as governments plan to
liberalise all
remaining sectors through a new agreement, known as the
Non-Agricultural Market Access or NAMA agreement, which is being
negotiated as part of the ‘Doha’ round of trade negotiations. 

NAMA contains proposals that would severely curtail governments’
ability to implement domestic policies in the public interest,
including policies designed to support smaller and weaker producers in
the countries of the South. It would also see those countries with the
highest tariffs (that is, the great majority of developing countries)
making the largest cuts and greatest commitments, even though this
could weaken key industries and sectors in those countries. Add to this
the fact that the WTO effectively ‘locks’ countries into these trade
agreements and it is clear that NAMA poses a major threat to those
countries already struggling to develop their economies and deal with
unsustainable and unjust external debt burdens.

We, the undersigned organisations, are united in our opposition to this
new attempt to lever open markets for the benefit of transnational
corporations at the expense of smaller companies and producers, local
economies, cultures and the environment. The NAMA proposals must be
halted and a comprehensive review undertaken of NAMA’s potential
social, developmental, environmental, employment and gender impacts. 

We therefore call on governments to:

  • Halt the NAMA negotiations and agree to a full and independent review
    of NAMA’s potential impacts on economic development, industrial
    diversification in developing countries, the environment and social
    welfare (including employment, health and gender balance);
  • Recognise and guarantee governments’ domestic policy space and
    flexibilities, preserving their right to use policy tools including
    trade measures, that develop fair and sustainable economies, protect
    and promote employment, social welfare, health and the environment and
    guarantee public participation.
  • Promote resource conservation and the sustainable management of natural
    resources including by stopping the further liberalisation of trade in
    natural resources such as forests, fish, oils, gas, metals and
    minerals.

The effects of NAMA on developing country industries and unemployment

  • The rapid and comprehensive reduction in import tariffs and other trade
    measures proposed in NAMA threatens to undercut developing countries’
    ability to industrialise. They would not be able to protect vulnerable
    local businesses from large and well-established overseas corporations
    that are able to mass-produce large quantities of cheap products (trade
    measures were used extensively by industrialised countries when their
    own domestic industries needed such support in order to develop).
  • The closure of local industries and small workshops under pressure from
    cheaper imports would lead to increased unemployment. Trade
    liberalisation has already had disastrous impacts on employment in
    countries in Africa and Asia, under IMF-World Bank structural
    adjustment programs, and in some Latin American countries.
  • Deindustrialization combined with the proposed liberalization of
    natural resources under NAMA (which is planned to include fisheries,
    forestry and mineral resources) could also push countries into
    increasing dependence on commodity exports that generate relatively
    small returns, rather than diversifying their economies.Any
    further pressure on fisheries would be particularly damaging, leading
    to increasing rates of unemployment, poverty and malnutrition for the
    many millions dependent on the world’s marine resources for their
    livelihoods and food.
  • Developing countries would also lose the income they currently receive
    from trade tariffs (customs duties). This is critical, since many such
    governments depend heavily on such revenues to sustain essential social
    services.   
  • NAMA would also push developing countries into a situation in which
    they import more, yet export less as a result of de-industrialization,
    creating growing trade deficits and  deteriorating external balance of
    payments for developing countries.

Increased exploitation of natural resources

The NAMA negotiations pose a broad and significant threat to the
environment with most countries ignoring the potential environmental
and social impacts of liberalising trade in raw materials. All
natural resources are included in the NAMA negotiations and sectors
such as fish, gold, diamonds and primary aluminium have even been
proposed for complete liberalisation.

  • Increased liberalisation in raw materials sectors could lead to
    increased exploitation of and trade in scarce natural resources and
    remove governments’ ability to use trade measures to manage stocks
    sustainably and for the common good.
  • A NAMA deal could limit governments’ use of tariff and other trade
    measures to preserve the livelihoods of millions of fisherfolk around
    the world and ensure that people in developing countries can still rely
    on fish as a key source of protein.
  • There would be less scope for governments to use trade measures to
    protect endangered fish populations. At the same time, trade
    liberalisation could further strengthen industries engaged in fish
    processing and aquaculture, with little regard for their impacts on
    human rights and the pollution of coastal environments.

Threats to national laws and policy space

Many governments are using NAMA and other WTO negotiations to target
legitimate non-commercial laws around the world which protect the
environment, social well-being and health. They argue that these
so-called “barriers to trade” obstruct transnational companies’ exports
in one way or another. Laws covering food and medicines, fisheries,
timber and petroleum, energy efficiency, chemical testing, recycling
and standards in the electronics and automobile industries have all
been listed as part of the NAMA negotiations, seemingly at the direct
behest of those corporations likely to benefit from their removal. This
concerted attack on regulation ignores the need to use regulations to
protect and promote the health and well-being of citizens, conserve
natural resources and stop climate change.

Conclusion

The NAMA negotiations are taking place at a speed that prevents less
well-resourced governments from participating properly in the
negotiations, let alone conducting assessments of the potential impact
of a new NAMA agreement on their economies, workers and environment.
Although the Least Developed Countries have some limited exemptions in
this round of negotiations, this is not enough to safeguard their
future development.

In fact, what is being pushed
is the exact opposite of the “development” deal sold to developing
countries at the WTO’s Doha Ministerial in 2001. At that meeting
developing countries were promised that they would not have to offer up
as much as the richer countries. But in NAMA they are now being
required to make greater "adjustments" than the highly industrialised
countries and take far greater risks with their current production and
future development prospects. Trade ministers of the Africa, Caribbean
and Pacific (ACP) Countries have already clearly stated that they are “concerned
that the proposals contained in the Derbez text and its annex on NAMA
[negotiating texts] … would further deepen the crisis of
de-industrialisation and accentuate the unemployment and poverty crisis
in our countries”.
However, despite this unambiguous expression
of concern, their views have been blatantly ignored by industrialised
countries and those responsible for driving these radical proposals
forward. This situation cannot be allowed to continue. We therefore
call on governments to:

  • Halt
    the NAMA negotiations and agree to a full and independent review of
    NAMA’s potential impacts on economic development, industrial
    diversification in developing countries, the environment and social
    welfare (including employment, health and gender balance);
  • Recognise and guarantee governments’ domestic policy space and
    flexibilities, preserving their right to use policy tools including
    trade measures, that develop fair and sustainable economies, protect
    and promote employment, social welfare, health and the environment and
    guarantee public participation.
  • Promote resource conservation and the sustainable management of natural
    resources including by stopping the further liberalisation of trade in
    natural resources such as forests, fish, oils, gas, metals and
    minerals.
Categories: Planet Not For Sale

Un documento di Unità della OUR WORLD IS NOT FOR SALE Network

Our World Is Not For Sale - 29 April, 2009 - 19:54
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FERMIAMO LA GLOBALIZZAZIONE DELLE MULTINAZIONALI

UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE!

Un documento di Unità della

OUR WORLD IS NOT FOR SALE Network

Rete Il Nostro Mondo Non E’ In Vendita

La nostra Visione, i Principi ed il Programma

INTRODUZIONE: LA NOSTRA SFIDA

“Our World Is Not For Sale (OWINFS)” è una rete globale di
organizzazioni, attivisti e movimenti sociali impegnati a sfidare gli
accordi commerciali e sugli investimenti che favoriscono gli interessi
delle più potenti imprese multinazionali, a danno delle popolazioni e
dell’ambiente.

A questo processo di globalizzazione guidato dalle
multinazionali, opponiamo la visione di un’economia globale costruita
sui principi della giustizia economica, della sostenibilità ecologica e
della responsabilità democratica, che anteponga gli interessi dei
popoli a quelli delle imprese. Un’economia costruita intorno agli
interessi dei veri produttori e consumatori, quali i lavoratori, i
contadini, le famiglie di agricoltori, i pescatori, i piccoli e medi
produttori, ed intorno ai bisogni di chi è messo a margine dall’attuale
sistema, come le donne ed i popoli indigeni.

Crediamo che un sistema giusto debba proteggere, e non
compromettere, le diversità culturali, biologiche, economiche e
sociali; mettere l’enfasi sullo sviluppo di economie e sistemi
commerciali sani a livello locale; assicurare i diritti ambientali,
culturali, sociali e del lavoro riconosciuti a livello internazionale;
sostenere la sovranità e l’autodeterminazione dei popoli; e proteggere
i processi decisionali democratici a livello nazionale e locale.

La democrazia non si riduce semplicemente nell’organizzare
elezioni. Esiste  democrazia quando non si è l’ultimo anello di una
catena che riceve passivamente un processo calato dall’alto, un sistema
di valori standardizzato, delle priorità e delle politiche che vengono
imposte grazie ad organismi multilaterali quali l’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC – Wto). Esiste democrazia quando non si è
soggetti a processi decisionali non trasparenti e non condivisi, quali
quelli che caratterizzano l’Organo di Risoluzione delle Dispute della
Wto. Esiste democrazia  quando le persone hanno il controllo delle
forze che hanno impatti diretti sulle loro vite.

Quando fu creata la Wto, nel 1995, il suo preambolo sosteneva
che lo scopo dell’organizzazione era quello di portare maggiore
prosperità, aumentare l’occupazione, ridurre la povertà, diminuire le
disuguaglianze e promuovere lo sviluppo sostenibile nel mondo mediante
un maggiore “libero commercio”. A dieci anni di distanza è chiaro che
la Wto non ha raggiunto questi obiettivi ed ha avuto risultati
esattamente opposti.

Il regime commerciale della Wto ha ostacolato misure che
avrebbero promosso lo sviluppo, alleviato la povertà ed aiutato la
sopravvivenza degli esseri umani e dell’ambiente naturale, tanto a
livello locale quanto globale. Sotto la dicitura di “libero commercio”,
le regole della Wto sono state utilizzate per forzare l’apertura di
nuovi mercati e per portarli sotto il controllo delle imprese
multinazionali.

I grandi poteri commerciali hanno inoltre utilizzato la Wto per
incrementare e consolidare il controllo delle imprese multinazionali
sull’economia e sulle attività sociali in aree ben al di là di quelle
commerciali, come ad esempio in materia di sviluppo, investimenti,
concorrenza, diritti di proprietà intellettuale, nella fornitura dei
servizi essenziali, nella protezione dell’ambiente e negli appalti
pubblici.

Liberalizzazioni su larga scala in queste aree costringeranno i
paesi in via di sviluppo a rinunciare a molti degli strumenti economici
per lo sviluppo che i paesi industrializzati hanno utilizzato per
creare le loro economie e posti di lavoro. Gli accordi già approvati
nella Wto, inoltre, insieme a quelli attualmente in discussione,
porterebbero di fatto a “mettere sotto chiave“ e rendere irreversibili
i programmi di aggiustamento strutturale della Banca Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionale.

Nel portare avanti gli interessi dei grandi poteri commerciali, inoltre, i metodi digovernancee
decisionali utilizzati nella Wto fanno notoriamente affidamento sulle
minacce, l’inganno, la manipolazione e la mancanza di trasparenza, in
maniera non democratica e secondo un processo non inclusivo.

Sono le conseguenze distruttive dal punto di vista sociale,
politico e ambientale del modello neoliberista di globalizzazione delle
imprese ad avere favorito il sorgere della resistenza da parte di un
ampio spettro di organizzazioni della società civile e di movimenti
sociali in tutto il mondo, come si è manifestato ai summit della Wto a
Seattle, Doha, Cancun ed Hong Kong.

La rete Our World Is Not For Sale è parte di questo movimento di resistenza globale.

Dieci anni dopo la fondazione della Wto, per noi è diventato
chiaro che le possibilità che la Wto si muova in direzione di riforme
positive sono minime, se non del tutto assenti. Un cambiamento è
assolutamente necessario. Al momento abbiamo un sistema in cui:

  • le vite sono distrutte, i diritti umani ignorati,
    la salute pubblica minacciata, l’ambiente saccheggiato ed i sistemi
    democratici vengono erosi;

  • le economie
    locali sono minacciate, ed i lavoratori, i contadini, le famiglie di
    agricoltori, i pescatori, i consumatori, le donne ed i popoli indigeni
    sono particolarmente svantaggiati e sfruttati;

  • la
    possibilità per i governi di garantire l’accesso agli aspetti
    essenziali della vita, promuovere la salute, la sicurezza e la
    sovranità alimentare, e proteggere la diversità culturale e biologica è
    compromessa e talvolta eliminata.

In tutto il mondo, gli effetti negativi dell’attuale sistema
economico globale stanno spingendo i movimenti democratici – che
agiscono tramite le urne e nelle strade – a chiedere un cambiamento. I
politici eletti in molti paesi hanno perso la speranza nell’attuale
sistema digovernanceeconomica globale. Un numero sempre
crescente di economisti e tecnocrati che hanno creato ed adottato
questo sistema stanno iniziando a porsi delle domande, in quanto i
risultati provano l’opposto di quanto promesso. Tutto questo si sta
manifestando nel contesto di una crescente disuguaglianza, sia tra le
nazioni, sia al loro interno, e con un risorgere del militarismo.

E’ necessario resistere ai tentativi della Wto di imporre una
liberalizzazione del commercio mondiale che colpisce la giustizia
economica, il benessere sociale, l’equità tra i generi e la
sostenibilità ecologica. Il potere e l’autorità della Wto devono essere
ridimensionati in molte materie nelle quali l’istituzione si è imposta,
quali ad esempio l’agricoltura, i servizi ed i diritti di proprietà
intellettuale.

Contemporaneamente dobbiamo ideare nuove istituzioni per
facilitare il commercio, la produzione e la distribuzione dei beni
comuni, se vogliamo evitare la crescente prospettiva di una catastrofe
sociale ed ecologica.

L’attuale regime commerciale, che include la Wto così come gli
accordi commerciali bilaterali e regionali e quelli sugli investimenti,
deve permettere un nuovo quadro commerciale per il XXI secolo
socialmente giusto ed ecologicamente sostenibile.

I NOSTRI OBIETTIVI

Sin dal 1998, i membri della rete OWINFS si sono confrontati per
condividere analisi, sviluppare strategie e coordinare azioni a livello
internazionale, in modo da promuovere lo sviluppo di un’economia
alternativa, giusta e sostenibile.

Siamo impegnati per sviluppare un nuovo sistema commerciale
democraticamente responsabile che faccia avanzare un’economia di
giustizia, il benessere sociale, l’equità di genere e la sostenibilità
ecologica, e che garantisca posti di lavoro dignitosi ed i beni e i
servizi necessari per tutti gli esseri umani.

Sosteniamo lo sviluppo di economie locali floride ed i diritti
dei lavoratori, contadini, migranti, famiglie di agricoltori,
consumatori, donne e popoli indigeni. Crediamo che l’autodeterminazione
dei popoli non debba essere subordinata ad impegni commerciali
internazionali. Tra le altre cose, questo significa che il processo
decisionale e l’applicazione ad ogni livello dellagovernancedebbano essere democratici, trasparenti ed inclusivi.

Riconosciamo che un sistema commerciale internazionale giusto
debba dare la priorità ai diritti ed al welfare dei lavoratori,
contadini, migranti, pescatori, e famiglie di agricoltori che producono
i nostri prodotti, servizi e cibi.

Chiediamo ai governi ed alle agenzie multilaterali di arrestare
i loro attacchi ai diritti fondamentali dei lavoratori, l’arretramento
delle conquiste ottenute dalle lotte dei lavoratori, il compromettere
la sicurezza del lavoro e la corsa verso il basso dei salari, e di
rafforzare in tutto il mondo i diritti dei lavoratori.

Ci opponiamo ad accordi e negoziati di liberalizzazione del
commercio che contribuiscono a togliere l’accesso alle risorse naturali
a quelle popolazioni indigene e comunità locali che da queste dipendono
per la propria sopravvivenza, e che invece danno questo accesso alle
imprese.

Altri diritti umani fondamentali devono essere rispettati,
promossi e realizzati, a partire dall’autodeterminazione dei popoli
indigeni e dalla fornitura dei bisogni e servizi sociali essenziali,
comprese l’educazione, la sicurezza e la sovranità alimentari,
l’accesso universale ad acqua pulita per uso umano e la salute
pubblica.

Allo stesso modo, l’integrità ecologica deve essere un
obiettivo di un mutato sistema commerciale globale. Questo significa,
tra le altre cose, che il commercio delle imprese e gli investimenti
devono essere regolati per arrestare il surriscaldamento globale; gli
accordi ambientali multilaterali devono avere la precedenza su quelli
commerciali; gli standard ambientali non devono essere ridotti a causa
di accordi commerciali; ed il diritto delle persone a rifiutare
organismi geneticamente modificati, di preservare la crescita delle
foreste secolari e la diversità delle sementi dei contadini e la
promozione del benessere degli animali deve essere rispettata.

LE NOSTRE RICHIESTE

Assicurare il diritto di scegliere delle persone: autodeterminazione, democrazia e sviluppo

Ribadiamo ildiritto fondamentale dei paesi di sviluppare
politiche economiche ed industriali che promuovano uno sviluppo
economico genuino, creino posti di lavoro dignitosi e proteggano la
sopravvivenza, e tutelino l’ambiente
. Tutti i paesi, ed in
particolare i più poveri, devono avere il diritto di utilizzare opzioni
politiche (come politiche di contenuto locale) per incrementare la
capacità dei loro propri settori produttivi, in particolare per le
piccole e medie imprese. I paesi devono anche tutelare la loro
possibilità (spazio politico) di disegnare strategie economiche,
sociali ed ambientali che favoriscano i loro abitanti più vulnerabili.
La ricerca della “coerenza” tra le istituzioni internazionali è
diventata un mezzo per negare questo spazio politico: il Fondo
Monetario Internazionale, la Banca Mondiale ed alcuni singoli paesi
donatori forzano i governi ad implementare politiche neoliberiste, e la
Wto e gli altri accordi commerciali e sugli investimenti rendono
praticamente irreversibili queste politiche.
Di conseguenza:

  • Our World Is Not For Sale chiede la fine delle
    pratiche segrete e coercitive che sono diventate il marchio di fabbrica
    dei negoziati commerciali, in particolare nella Wto, dove pochi governi
    più potenti, spesso agendo per conto delle loro elite imprenditoriali,
    sono capaci di forzare i governi più deboli per raggiungere i loro
    obiettivi.

  • Lo smantellamento delle tariffe
    e delle altre misure commerciali non deve consentire di mettere le
    economie locali, ed in particolare quelle dei paesi più poveri e/o di
    settori economici più poveri, in balia delle imprese multinazionali, e
    di minacciare lo sviluppo economico locale, le leggi e gli standard sul
    lavoro, la salute e la sicurezza del pubblico e dei consumatori, e
    l’ambiente.

  • I negoziati sul “libero
    commercio” nella Wto ed altrove non possono continuare ad essere
    utilizzati come un Cavallo di Troia per assicurare regole favorevoli
    alle imprese in materia di investimenti, concorrenza, appalti pubblici,
    accesso al mercato, produzione agricola, regolamentazioni locali sui
    servizi pubblici ed i diritti di proprietà intellettuale. Allo stesso
    modo non possono proseguire le attuali dinamiche di potere, nelle quali
    i ricchi paesi industrializzati impongono la loro agenda economica a
    scapito dei paesi più poveri.

  • L’utilizzo
    di aggiustamenti strutturali e del consolidamento del debito per
    forzare la liberalizzazione del commercio nei paesi del terzo mondo
    deve essere arrestata. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca
    Mondiale e le banche di sviluppo regionali devono cancellare tutti i
    debiti a loro dovuti da parte dei paesi in via di sviluppo ed in
    transizione in modo che questi paesi possano allocare questi fondi per
    soddisfare i bisogni urgenti della popolazione.

Promuovere il primato dei diritti sociali e dell’ambiente

Crediamo che la protezione e l’avanzamento dei diritti sociali,
il soddisfacimento dei bisogni basilari, e la protezione del nostro
ambiente siano essenziali alla vita. E’ inaccettabile che queste siano
compromesse dalla Wto ed altre regole degli accordi “commerciali”.
Di conseguenza:

  • nessun accordo commerciale o sugli investimenti
    deve avere la precedenza, o compromettere, gli accordi internazionali
    che promuovono la giustizia sociale, economica ed ambientale, tra i
    quali alcuni sono

  •  
    • la dichiarazione dell’Organizzazione
      Internazionale del Lavoro (OIL) sui principi e sui diritti fondamentali
      del lavoro (che include i quattro core labour standard);
    • la
      Convenzione sulla biodiversità ed il suo protocollo attuativo sulla
      bio-sicurezza, e gli altri accordi multilaterali sull’ambiente;
    • la
      Dichiarazione sui diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e le sue
      convenzioni associate, la Convenzione internazionale sui diritti
      economici, sociali e culturali e la Convenzione internazionale sui
      diritti civili e politici;
    • la prossima Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
    • la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); e
    • La Convezione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
  • governi devono conservare il diritto sovrano di
    determinare come regolare i servizi in modo da soddisfare i bisogni
    della popolazione, l’economia e la società, ed onorare i loro altri
    obblighi internazionali e costituzionali, compresi quelli verso le
    donne, i popoli indigeni, i giovani, gli anziani ed i poveri.

  • Il
    diritto dei governi ad applicare il principio precauzionale per
    proteggere la salute pubblica, l’ambiente, e l’agricoltura da rischi
    sconosciuti deve avere la precedenza su qualunque accordo e clausola
    commerciale.

  • La riduzione delle tariffe
    che danneggiano l’ambiente o lo sviluppo sostenibile aumentando un
    commercio inappropriato delle risorse naturali e di altri prodotti
    ambientalmente sensibili non dovrebbe essere attuata.

  • L’indebolimento
    delle Nazioni Unite da parte delle istituzioni pro-multinazionali di
    Bretton Woods, della Wto, e dei grandi poteri deve essere arrestata, ed
    il sistema di agenzie ed accordi delle Nazioni Unite deve essere
    rafforzato.

Proteggere i servizi essenziali

Sottoscriviamo il principio fondamentale secondo cui nessun
accordo commerciale o sugli investimenti dovrebbe violare il diritto
dei governi a garantire l’accesso ad aspetti essenziali alla vita, a
promuovere la salute ed il benessere dei loro abitanti, e la protezione
dell’ambiente.
Di conseguenza:

  • i paesi non dovrebbero subire pressioni per
    accettare regole commerciali che diminuiscono questa loro abilità, sia
    tramite l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (GATS) della Wto,
    sia negli accordi bilaterali e regionali.

  • I
    settori direttamente legati a quelli essenziali, quali la salute,
    l’educazione, la cultura audiovisiva, l’assistenza sociale, i servizi
    idrici ed energetici devono essere esplicitamente esclusi da tutti gli
    accordi commerciali e sugli investimenti.

  • Le
    regole riguardanti i regolamenti domestici, i sussidi e gli appalti
    pubblici in materia di servizi per la loro stessa natura impattano su
    questa abilità e non dovrebbero pertanto essere inclusi in accordi
    commerciali o sugli investimenti.

I paesi stanno subendo enormi pressioni per sottomettere i loro
servizi essenziali alle regole del GATS, che hanno l’effetto di
promuovere le privatizzazioni. Quando, inoltre, gli impegni presi in
questo negoziato sono adottati da paesi che sono o sono stati soggetti
a deregolamentazioni e privatizzazioni dei loro servizi essenziali
tramite le richieste di “aggiustamento strutturale”, le regole del GATS
servono per rendere queste privatizzazioni praticamente irreversibili.
In questa maniera il GATS promuove l’apertura dei mercati locali alle
imprese multinazionali e l’avanzamento del modello neoliberista.
Di conseguenza:

  • Queste richieste di “aggiustamento strutturale” debbono
    essere respinte, non rese irreversibili, e non devono essere una
    condizione per i paesi che ricevono nuovi prestiti o aiuti, così come i
    paesi non dovrebbero essere messi sotto pressione per sottomettere i
    loro servizi essenziali alle regole del GATS.

Difendere i saperi, la cultura e le forme di vita come l’essenza di una civiltà

Consideriamo i saperi, la cultura e l’educazione come le forze
che muovono la civiltà. Queste forze non possono essere ridotte a
prodotti commerciabili o proprietà privata.

Non c’è alcuna base per includere queste affermazioni sulla
proprietà intellettuale in un accordo commerciale. Tutte le nazioni,
inoltre, hanno la responsabilità e l’obbligo di proteggere la salute
pubblica ed il benessere delle loro popolazioni. Le attuali regole
sulla proprietà intellettuali in accordi commerciali, quali l’accordo
sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale
(TRIPs) della Wto, impediscono l’accesso delle persone ai farmaci
essenziali, alle sementi ed alle necessità vitali, mentre portano
all’appropriazioni dei privati sulle forme di vita ed i saperi
tradizionali e la distruzione della biodiversità. Impediscono inoltre
ai paesi più poveri di migliorare i propri livelli di welfare economico
e sociale e di difendere le loro identità e tradizioni uniche.
Di conseguenza:

  • i governi devono conservare il loro
    imprescindibile diritto a limitare la protezioni dei brevetti in modo
    da proteggere gli interessi pubblici in queste aree, in particolare
    riguardo le medicine, le sementi e le forme di vita.

  • La
    brevettabilità delle forme di vita, inclusi i microrganismi, deve
    essere proibita in tutti i regimi nazionali ed internazionali.

  • Una
    diversità culturale genuina deve essere difesa dall’impatto e
    dall’omogeneizzazione dei mercati globali e dai monopoli sui saperi,
    sulla tecnologia e sulle telecomunicazioni.

Preservare e favorire la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare

Affermiamo che il diritto al cibo è un diritto umano
fondamentale. L’accordo sull’agricoltura (AOA) della Wto subordina
questo diritto ai profitti delle imprese.
Il sistema alimentare
promosso dalla Wto è costruito su un’agricoltura industrializzata con
grande utilizzo di capitali e guidata dalle esportazioni, che sta
contribuendo alla concentrazione delle imprese lungo la catena
alimentare e compromettendo la sopravvivenza, i diritti, la salute, le
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nei settori
dell’agricoltura e alimentare, e di conseguenza compromettendo la
sicurezza alimentare.

Inoltre questo sistema non riconosce che il lavoro agricolo
è un modo di vita ed una base importante per la comunità e la cultura.
Le politiche della Wto e di altri accordi commerciali favoriscono
quindi un’ulteriore concentrazione ed un aumento del potere delle
imprese multinazionali e causano l’espulsione di milioni di contadini e
di famiglie di agricoltori dalle terre e dalla produzione, nel Nord
come nel Sud del mondo. Dall’introduzione dei “programmi di
aggiustamento strutturale” e della Wto, molti contadini, famiglie di
agricoltori e lavoratori nel campo dell’agricoltura sono stati
allontanati dalle loro terre e hanno provato la fame, molti sono stati
spinti al suicidio, permettendo la liberalizzazione delle importazioni
tramite la riduzione delle tariffe, l’abolizione delle restrizioni
quantitative e l’introduzione di politiche nazionali agricole ingiuste.
Contemporaneamente molti sussidi che vanno all’agribusiness, ed in
primo luogo alle imprese agricole orientate all’export, sono aumentati
invece di diminuire.

Mentre queste regole permettono in maniera sempre maggiore
alle potenti imprese commerciali dell’agribusiness di abbattere i
prezzi delle materie prime pagati ai contadini in tutto il mondo, la
concentrazione della distribuzione e della lavorazione del cibo sotto
le regole dei negoziati agricoli e sui servizi della Wto ha portato ad
un aumento dei prezzi per i consumatori.
Di conseguenza:

  • per evitare un’ulteriore aumento della fame, degli
    spostamenti forzati e delle morti, devono essere intraprese delle
    azioni per ridurre le politiche agricole, commerciali e sugli
    investimenti che incoraggiano una cronica sovrapproduzione e per
    proibire il dumping dei prodotti agricoli sui mercati mondiali, sotto i
    costi di produzione da parte delle grandi imprese agricole ed altri
    soggetti coinvolti nel commercio mondiale di prodotti agricoli. I
    sussidi diretti ed indiretti che causano il dumping devono essere
    proibiti. I paesi dovrebbero mantenere e riaffermare i loro diritti
    sovrani a proteggere i propri mercati agricoli ed i settori interessati
    dal dumping in modo da implementare misure che possano effettivamente
    ed attivamente sostenere le produzioni sostenibili fondate sul lavoro
    dei contadini e degli agricoltori che lavorano su scala familiare.

  • E’
    necessario adottare delle misure per sostenere la sovranità alimentare
    (il diritto dei popoli e delle comunità a definire le proprie politiche
    agricole e sul cibo, cosi come il diritto di produrre i propri cibi di
    base in modo che siano rispettate le diversità culturali e produttive e
    che siano sostenute le produzioni sostenibili fondate sul lavoro dei
    contadini e delle famiglie di agricoltori) e la sicurezza alimentare e
    del cibo (sia per i consumatori sia per i produttori).

  • Le
    misure che riguardano unicamente la produzione per il consumo interno e
    che non contribuiscono ad aumentare le esportazioni sui mercati
    internazionali dovrebbero essere escluse da qualunque accordo
    commerciale internazionale. Il sistema commerciale non deve
    compromettere la sopravvivenza dei contadini, delle famiglie di
    agricoltori, dei lavoratori agricoli, dei pescatori artigianali e delle
    popolazioni indigene.

  • Crediamo che lo
    sviluppo della sovranità alimentare, della sicurezza alimentare e
    dell’agricoltura sostenibile su scala familiare richieda che i governi
    riconoscano i fallimenti nel principio del “libero commercio”, che
    sottostà all’idea di vantaggio comparato, dell’agricoltura votata
    all’esportazione e dei piani di “aggiustamento strutturale” e che
    sostituiscano queste politiche con altre che diano priorità e
    proteggano le produzioni locali, sostenibili e di sussistenza, compreso
    l’utilizzo di controlli sull’importazione e regolazioni che assicurino
    metodi di produzioni più equi e sostenibili.

  • Saranno
    necessari diversi accordi per assicurare questi obiettivi. Questi
    potrebbero includere una convenzione sulla sovranità alimentare e
    sull’agricoltura sostenibile, e una dichiarazione sui diritti dei
    contadini e delle famiglie di agricoltori. In ultima analisi la Wto e
    gli accordi di “libero commercio”, con il loro attuale focus sulla
    liberalizzazione ad ogni costo, non sono luoghi appropriati per queste
    regole; di conseguenza è necessario rafforzare dei luoghi alternativi
    dove discutere di queste regole.

Fermare la globalizzazione delle multinazionali e promuovere una giustizia nel commercio

Le regole commerciali della Wto e di molti altri accordi commerciali
oggi in essere e in corso di negoziazione promuovono il potere delle
imprese multinazionali nell’economia globale, fornendo nuovi diritti in
materia di investimento, proprietà intellettuale e altro.
Contemporaneamente, rendono praticamente irreversibili le politiche
neoliberiste di privatizzazione e deregolamentazione. Tutto questo è
fatto nel nome del “libero commercio”. Questo squilibrio nei poteri
promuove l’interesse di pochi giganti economici, spesso con effetti
devastanti sulle economie locali, in modo particolare nei paesi in via
di sviluppo.

Questo potere delle imprese è stato considerevolmente aumentato
mediante accordi regionali e bilaterali sul commercio e sugli
investimenti. Le loro potenti regole promuovono i diritti delle imprese
e pongono una seria minaccia alle autorità democratiche locali. In
certi accordi, di fatto, le ora imprese straniere possono fare causa ai
governi nazionali per “mancati profitti”, se qualunque legge o
regolamentazione nel paese riduce le loro attuali o future possibilità
di profitto. I diritti ambientali, del lavoro e sociali sono tutti
diventati secondari rispetto al diritto al profitto delle imprese.
Questo andamento deve essere ribaltato.

Dopo avere ostacolato con successo l’Accordo Multilaterale
sugli Investimenti, che avrebbe assicurato questi diritti delle
imprese, chiediamo di porre fine alla strategia delle imprese di
promuovere una rapida ed avventata espansione degli accordi regionali e
bilaterali sul commercio e gli investimenti che cercano di rinforzare
le mancanze della Wto. Chiediamo anche di porre fine alle regole che
garantiscono il diritto al profitto di un investitore straniero,
esponendo le politiche di regolamentazione locale alle sfide degli
investitori e chiedendo compensazioni con soldi pubblici.

Per iniziare a muoversi verso un sistema commerciale giusto,
chiediamo ai governi di negoziare un accordo legalmente vincolante per
assicurare che le imprese siano ritenute democraticamente responsabili
per la loro condotta e riguardo gli impatti sociali, economici ed
ambientali, compreso il ruolo che alcune giocano nel sostenere regimi
politici repressivi ed il commercio delle armi. Questo dovrebbe essere
fatto tramite le Nazioni Unite ed altre organizzazioni appropriate, con
la piena partecipazione della società civile.

Chiediamo inoltre alle organizzazioni della società civile ed
ai movimenti sociali di iniziare un dialogo globale della società
civile sullo sviluppo di un’alternativa, un quadro commerciale giusto e
sostenibile che rimpiazzi il modello neoliberista, uno che promuova
genuinamente uno sviluppo sostenibile fondato sui diritti e
nell’interesse delle persone.

Siamo impegnati per un sistema commerciale ecologicamente
sostenibile, socialmente giusto e democraticamente responsabile. Come
primo passo, quindi, chiediamo che i nostri governi implementino i
cambiamenti elencati in questo documento, in modo da bloccare ed
invertire il potere e l’autorità della Wto, e per invertire la
direzione del commercio e creare un sistema giusto. Ci impegniamo a
mobilitare le persone all’interno dei nostri paesi, regionalmente e
globalmente per lottare per queste richieste e per sfidare le politiche
ingiuste della Wto ed in generale del sistema commerciale
multilaterale.

La scelta davanti a noi è chiara: o accettiamo l’attuale ordine
globale centrato sulle imprese e abbandoniamo il welfare delle prossime
generazioni ed il futuro stesso del pianeta, o raccogliamo la difficile
sfida di muoverci verso un nuovo sistema che metta al centro gli
interessi delle persone, delle comunità e dell’ambiente.

Categories: Planet Not For Sale

Declaración de unidad política de la Red ‘NUESTRO MUNDO NO ESTÁ EN VENTA’

Our World Is Not For Sale - 29 April, 2009 - 19:51
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FRENEMOS LA GLOBALIZACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES:

OTRO MUNDO ES POSIBLE

Declaración de unidad política de la Red

‘NUESTRO MUNDO NO ESTÁ EN VENTA’

Introducción: nuestro desafío

‘Nuestro Mundo No Está en Venta’ es una red mundial de
organizaciones, activistas y movimientos sociales abocados a combatir
los acuerdos de comercio e inversiones que promueven la globalización
orientada por las transnacionales y benefician a las empresas más
poderosas del mundo a costa de los pueblos y el medio ambiente.

Contra ese proceso de globalización orientada por las
transnacionales, sostenemos la visión de una economía mundial fundada
en principios de justicia económica, sustentabilidad ecológica y
responsabilidad democrática –una economía que privilegie los intereses
de los pueblos y las personas antes que los de las empresas. Una
economía erigida en torno a los intereses de los verdaderos productores
y consumidores –trabajadores, campesinos, agricultores familiares,
pescadores artesanales, pequeños y medianos  productores—y las
necesidades de quienes se encuentran marginados por el sistema
imperante, como es el caso de las mujeres y los pueblos indígenas.

Creemos que un sistema justo debe proteger y no socavar la
diversidad cultural, biológica, económica y social; priorizar la
economía y el comercio local; salvaguardar los derechos ambientales,
culturales, sociales y laborales reconocidos internacionalmente;
restituir la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y proteger
los procesos democráticos de toma decisiones a escala nacional y
subnacional.

A diferencia del conjunto de valores, prioridades y políticas del
mismo talle para todos impuesto por organismos internacionales como la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y procesos internacionales de
solución de controversias comerciales que no son responsables ante
nadie, la democracia no es tan sólo la realización de elecciones, sino
un sistema de gobierno en el que el pueblo tiene el control de los
asuntos que afectan directamente la vida de la gente. Democracia
significa no estar sujeto a mecanismos de decisión velados, carentes de
transparencia y que no le rinden cuentas a nadie, tales como los
procesos de solución de controversias de la OMC. La democracia implica
que el pueblo asuma el control de las fuerzas que afectan directamente
la vida de la gente.

Desde su creación en 1995, la OMC ha sido promocionada como una
institución que traería mayor prosperidad, aumentaría el empleo,
reduciría la pobreza, disminuiría las desigualdades y fomentaría el
desarrollo sustentable en todo el mundo mediante la aplicación de más
“libre comercio”. Diez años después es innegable que la OMC ha tenido
efectos exactamente opuestos.

El régimen de intercambio comercial administrado por la OMC ha
demostrado ser profundamente hostil a cualquier tipo de medida
orientada a fomentar el desarrollo, aliviar la pobreza y contribuir a
asegurar la supervivencia humana y ecológica a escala local y mundial.
Amparadas tras el disfraz del “libre comercio”, las reglas de la OMC
son utilizadas para forzar la apertura de nuevos mercados y para
librarlos al control de las empresas transnacionales.

Al mismo tiempo, las grandes potencias comerciales han intentado
utilizar la OMC para promover y consolidar en manos de empresas
transnacionales el control de las actividades económicas y sociales en
esferas que trascienden el comercio, tales como el desarrollo, las
inversiones, la política de competencia, la prestación de servicios
sociales, la protección del medioambiente y la contratación pública o
compras del Estado.

La liberalización a gran escala en estas esferas obligará a los
países en desarrollo a renunciar a muchos de los instrumentos de
desarrollo económico que fueron utilizados por los países
industrializados para fortalecer sus economías y generar empleo. Es
más, las disposiciones vigentes en la OMC –así como las que se están
negociando actualmente en su seno—pueden efectivamente ‘perpetuar’ los
programas de “ajuste estructural” del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional tornándolos irreversibles.

De otra parte, los mecanismos de gobierno y toma de decisiones
utilizados en la OMC son célebres por su recurso a las amenazas, el
engaño y la manipulación, y por su falta de transparencia y el carácter
excluyente y antidemocrático de sus procesos.

Los efectos destructivos sociales, políticos y ambientales del
modelo neoliberal de globalización pro-empresarial son los que han
despertado resistencia creciente entre un espectro amplio de
organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el
mundo, incluso durante las Cumbres de la OMC en Seattle, Doha, Cancún
y  Hong Kong.

Nuestro Mundo No Está en Venta forma parte de ese movimiento mundial de resistencia.

Diez años después de su creación, ha quedado en evidencia que la
posibilidad de conseguir que la OMC se encamine en dirección a un
programa de reformas positivas es mínima, si no nula. Es absolutamente
necesario cambiar. El sistema imperante hoy en día es tal que:

  • se están perdiendo empleos y medios de vida, los derechos
    humanos están amenazados, se ha saqueado el medioambiente y los
    sistemas democráticos están debilitados;
  • se está socavando a las economías locales y nacionales; y
    los trabajadores, campesinos, agricultores familiares, consumidores,
    mujeres y pueblos indígenas son quienes resultan más desfavorecidos y
    explotados;
  • a los gobiernos se les está restando capacidad –y a veces
    incluso se les está privando de ella—para garantizar el acceso a los
    medios esenciales de vida, para promover la salud, la seguridad y la
    soberanía alimentaria y para proteger la diversidad cultural y
    biológica.

Los resultados negativos del sistema económico mundial imperante
están dando impulso a movimientos democráticos en todo el mundo que
reclaman cambios a través de las urnas y la movilización callejera. Las
autoridades electas de muchos países han perdido la fe en el sistema
actual de gobernanza económica mundial. Cada vez con mayor frecuencia,
algunos de los economistas y tecnócratas que crearon y respaldaron este
sistema están empezando a cuestionarlo, ya que los resultados han
demostrado ser casi antagónicos a lo prometido. Todo esto ocurre en un
contexto de desigualdad creciente –tanto entre las naciones como dentro
de cada país—y de resurgimiento del militarismo.

Tenemos que oponer resistencia y rechazar las pretensiones de la OMC
de liberalización forzosa del comercio mundial según modalidades
nocivas para la justicia económica, el bienestar social, la equidad de
género y la sustentabilidad ecológica. Es imperativo restringir el
poder y la autoridad de la OMC y hacerla retroceder de muchas esferas
en las que se ha impuesto forzosamente como en la agricultura, los
servicios y los derechos de propiedad intelectual.

Al mismo tiempo, para evitar el panorama cada vez más recurrente de
catástrofe social y ecológica, tenemos que crear nuevas instituciones
para facilitar el comercio, la producción y la distribución para el
bien común.

Necesitamos reemplazar el régimen actual de comercio –del que forman
parte tanto la OMC como otros acuerdos regionales y tratados
bilaterales de comercio e inversiones—con un nuevo sistema de comercio
socialmente justo y ecológicamente sustentable para el siglo XXI.

Nuestras metas

Desde 1998, los miembros de la red Nuestro Mundo No Está en Venta
han cooperado entre sí compartiendo análisis, diseñando estrategias y
coordinando acciones a escala internacional con el fin de fomentar el
desarrollo de economías alternativas, justas y sustentables.

Dedicamos nuestros esfuerzos al desarrollo de un nuevo sistema de
comercio sometido al control democrático, que contribuya al avance de
la justicia económica, el bienestar social, la equidad de género y la
sustentabilidad ecológica, y que provea empleo digno y los bienes y
servicios necesarios para todas las personas.

Apoyamos el desarrollo de economías locales vibrantes y los derechos
de los trabajadores, campesinos, migrantes, agricultores familiares,
consumidores, mujeres y pueblos indígenas. Consideramos que la
autodeterminación de los pueblos no debe estar subordinada a
compromisos comerciales internacionales. Entre otras cosas, eso
requiere que los procesos y mecanismos de decisión y ejecución a todos
los niveles de gobierno sean democráticos, transparentes e incluyentes.

Reconocemos que un sistema de comercio internacional socialmente
justo tiene que darle prioridad a los derechos y bienestar de los
trabajadores, campesinos, migrantes y agricultores familiares que
producen nuestros bienes, servicios y alimentos.

Exigimos que los gobiernos y las agencias internacionales cesen su
embestida contra los derechos fundamentales de los trabajadores, que
desistan de anular las conquistas logradas por la lucha de los
trabajadores, que frenen el debilitamiento de la seguridad laboral y la
nivelación hacia abajo de los salarios, y reclamamos que fortalezcan
los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

Nos oponemos a los acuerdos y negociaciones de liberalización
comercial que privan a las comunidades indígenas y locales del acceso a
los recursos naturales de los que dependen para su supervivencia,
garantizándoselo en cambio a las empresas.

Es también imprescindible que se respeten, fomenten y ejerzan otros
derechos humanos fundamentales, empezando por la autodeterminación de
los pueblos indígenas y la dotación pública y acceso universal a
servicios sociales básicos como la educación, la salud, el agua potable
para uso humano y la seguridad y soberanía alimentaria.

La integridad ecológica tiene que ser asimismo una meta de un
sistema mundial de comercio transformado. Eso implica, entre otras
cosas, que se tiene que regular el comercio y las inversiones de manera
tal que se revierta el recalentamiento de la Tierra; los acuerdos
multilaterales sobre medioambiente tienen que gozar de primacía frente
a los acuerdos comerciales; no se puede permitir que los acuerdos
comerciales arrastren y nivelen hacia abajo las normas ambientales; el
derecho de las personas y los pueblos a rechazar los organismos
genéticamente modificados tiene que respetarse, al igual que el derecho
a preservar las semillas diversas de los agricultores y los bosques
primarios, y promover el bienestar animal.

Qué nos proponemos

Apuntalar el derecho de elección de los pueblos: autodeterminación, democracia y desarrollo

Reafirmamos el derecho fundamental de todos los países a
ejecutar políticas económicas y productivas que fortalezcan el
desarrollo económico genuino, generen empleos dignos y protejan los
medios de vida y vigoricen el medioambiente. Todos los países, y
particularmente los más empobrecidos, tienen que gozar del derecho a
optar por la aplicación de políticas (tales como las disposiciones
relativas al ‘contenido nacional’) que apunten a incrementar la
capacidad de sus propios sectores productivos, especialmente las
pequeñas y medianas empresas. Los países deben asimismo conservar la
capacidad (o espacio político) para modelar estrategias económicas y
ambientales de desarrollo al servicio de los sectores más vulnerables
de su población. El envión en pos de la “coherencia” entre las
instituciones internacionales se ha convertido en un medio para denegar
ese espacio político: el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y algunos países donantes obligan a los gobiernos a aplicar
políticas neoliberales mientras que la OMC y otros acuerdos de comercio
e inversiones las perpetúan tornándolas irreversibles.
Por ello:

  • Nuestro Mundo No Está en Venta exige el fin de
    las prácticas secretas y coercitivas que se han transformado en el
    sello distintivo de las negociaciones comerciales, especialmente en la
    OMC, donde un puñado de gobiernos poderosos –actuando a menudo en
    nombre de sus elites empresariales—coaccionan a otros gobiernos más
    débiles para alcanzar sus objetivos.
  • Hay que impedir que los aranceles aduaneros y
    otras medidas comerciales sean desmantelados, dejando las economías
    locales y nacionales –en particular aquellas de los países más
    empobrecidos y/o los sectores económicos más débiles—libradas a la
    merced de las empresas transnacionales y poniendo en riesgo el
    desarrollo económico local y nacional, las leyes y normas laborales, el
    medioambiente y la salud pública y de los consumidores.
  • No podemos permitir que las negociaciones de
    “libre comercio” en la OMC y otras instancias continúen funcionando
    cual caballo de Troya para garantizarle reglas favorables a las
    empresas en materia de inversiones, política de competencia,
    contratación pública y compras del Estado, acceso al mercado,
    producción agropecuaria, reglamentación nacional de los servicios y
    derechos de propiedad intelectual. Tampoco se puede permitir que siga
    rigiendo la dinámica actual de fuerzas según la cual los países ricos
    industrializados le imponen su agenda económica de prioridades a los
    países más empobrecidos.
  • Hay que impedir que los ajustes estructurales y
    las condicionalidades de la deuda sigan usándose para imponerle la
    liberalización del comercio a los países del tercer mundo y otros. Es
    imprescindible que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y
    los bancos regionales de desarrollo anulen todas las deudas que aún
    mantienen con ellos los países en desarrollo y en transición, de manera
    tal que estos puedan reasignar esos fondos a la satisfacción de las
    necesidades apremiantes de su población.

Garantizar la primacía de los derechos sociales y el medioambiente

Sostenemos que proteger y extender los derechos sociales,
satisfacer las necesidades básicas y proteger nuestro medioambiente es
esencial para la vida. Es inadmisible que las reglas de la OMC y de
otros acuerdos de ‘comercio’ los socaven.
Por ello:

  • Ningún acuerdo comercial o de inversiones debe
    socavar o tener primacía sobre los acuerdos internacionales que
    promueven la justicia social, económica y ambiental, entre ellos, mas
    no exclusivamente:
    • la Declaración
      de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los
      Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo (que abarca los
      cuatro derechos laborales fundamentales);
    • el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Bioseguridad y otros acuerdos multilaterales sobre el medioambiente;
    • la
      Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios a ella
      asociados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
      el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales; y
      el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
    • el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas;
    • la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y
    • la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
  • Los gobiernos deben conservar el derecho
    soberano a determinar cómo regulan sus servicios de manera tal que se
    satisfagan las necesidades de su población, su economía y sociedad y
    que se honren sus demás obligaciones internacionales y
    constitucionales, entre ellas aquellas de cara a las mujeres, los
    pueblos indígenas, los jóvenes y niños, los adultos mayores y los
    pobres.
  • El derecho de los gobiernos a aplicar el
    principio de precaución con el fin de proteger la salud pública, el
    medioambiente y la agricultura frente a riesgos desconocidos tiene que
    primar sobre cualquier acuerdo o disposición comercial.
  • Es imperativo evitar cualquier recorte
    arancelario que perjudique al medioambiente y el desarrollo sustentable
    como resultado del crecimiento inadecuado del comercio de recursos
    naturales y otros bienes sensibles desde el punto de vista ambiental.
  • Hay que frenar el debilitamiento de la ONU a
    manos de las pro-empresariales instituciones de Bretton Woods (Banco
    Mundial y FMI), la OMC y las grandes potencias, y fortalecer el sistema
    de acuerdos y agencias de Naciones Unidas.

Proteger los servicios esenciales

Adherimos al principio fundamental de que ningún acuerdo
comercial o de inversiones debe vulnerar el derecho soberano de los
gobiernos a garantizar el acceso de la población a los bienes
esenciales para la vida, y a promover la salud y bienestar de sus
pueblos  y proteger el medioambiente.
Por ello:

  • No se debe presionar a los países a aceptar
    reglas de comercio que coarten el ejercicio de esa soberanía, ya sea a
    través de la OMC y su Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
    (AGCS o GATS, por su sigla en inglés) o a través de otros acuerdos
    regionales o bilaterales. 
  • Es imprescindible excluir explícitamente de
    todos los acuerdos de comercio e inversiones a  todos aquellos sectores
    directamente asociados a dichos servicios esenciales, entre ellos los
    de salud, educación, cultura audiovisual, asistencia social, agua
    potable y energía.
  • Las reglas relativas a la reglamentación
    nacional, los subsidios y la contratación pública de servicios
    obstaculizan por su propia naturaleza el ejercicio de ese derecho
    soberano, y no se las debería incluir en los acuerdos de comercio e
    inversiones.

Hoy en día se está ejerciendo muchísima presión sobre los países
para que sometan sus servicios esenciales a las reglas del AGCS cuyo
efecto es promover las privatizaciones. Por otra parte, cuando un país
que es o ha sido víctima de la desregulación y privatización de sus
servicios esenciales en cumplimiento de las exigencias de “ajuste
estructural”, asume compromisos con arreglo a las reglas del AGCS,
dichas reglas sirven para perpetuar esas privatizaciones tornándolas
irreversibles. El AGCS fomenta de ese modo la apertura de los mercados
nacionales y el ingreso de empresas transnacionales, y promueve así el
avance del modelo económico neoliberal.
Por ello:

  • Es imperativo retraer esas exigencias de ajuste
    estructural, no perpetuarlas, y hay que impedir que los nuevos
    préstamos o donaciones a los países sean condicionados al cumplimiento
    de dichas exigencias, del mismo modo que hay que objetar que se
    presione a los países para que sometan sus servicios esenciales a las
    reglas del AGCS.

Defender el conocimiento, la cultura y las formas de vida como esencia de la civilización

Consideramos el conocimiento, la cultura y la educación como
fuerzas motrices de la civilización que no pueden ser reducidas a meras
mercancías comerciables o propiedad privada.

No existe ningún fundamento legítimo para la inclusión de
reclamos de propiedad intelectual en un acuerdo de comercio. Más aún,
todos los países tienen la responsabilidad y la obligación de proteger
la salud pública y el bienestar de sus ciudadanos. Las reglas de
propiedad intelectual vigentes en los acuerdos comerciales, tales como
el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ( ADPIC), obstruyen el acceso
de los pueblos a medicamentos vitales, semillas y otros bienes
esenciales, conducen a la destrucción de la biodiversidad y la
apropiación privada de los seres vivos y el conocimiento tradicional.
Además le impiden a los países empobrecidos elevar sus niveles de
bienestar económico y social y defender su singularidad identitaria y
su patrimonio.
Por ello:

  • Los gobiernos deben conservar el derecho irrestricto a
    limitar los derechos de propiedad que confieren las patentes, a fin de
    proteger el interés público y el bien común en esas esferas,
    especialmente con relación a los medicamentos, las semillas y los seres
    vivos y sus partes.
  • El patentamiento  de formas de vida, incluso
    microorganismos, tiene que prohibirse en todas las legislaciones
    nacionales e internacionales.
  • Tenemos que defender la diversidad cultural genuina contra
    el impacto homogenizador de los mercados mundiales y los monopolios del
    conocimiento, la tecnología y las telecomunicaciones.

Preservar y extender la seguridad y soberanía alimentaria

Sostenemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano
fundamental. El Acuerdo Agrícola de la OMC subordina este derecho al
lucro empresarial. La OMC fomenta un sistema alimentario fundado en una
agricultura industrializada de exportación e intensiva en inversión de
capital, que está profundizando la concentración empresarial a lo largo
de toda la cadena alimentaria a la vez que socava el sustento, los
derechos, la salud y las condiciones de vida y laborales de los
trabajadores agrícolas y de la alimentación, minando así aún más la
seguridad alimentaria.

Además no admite ni reconoce que la agricultura es un modo de
vida y un cimiento importante de la comunidad y la cultura. En
consecuencia, sus políticas y aquellas de otros acuerdos comerciales
alientan una concentración mayor y acrecientan el poder de las empresas
transnacionales y provocan la expulsión de millones de campesinos,
agricultores familiares y trabajadores agrícolas que son despojados de
sus tierras y excluidos de la producción en los países del Norte y del
Sur. Desde que se iniciaron los programas de “ajuste estructural” y se
creó la OMC, muchos campesinos, agricultores familiares y trabajadores
agrícolas han sido desplazados de la tierra y sufrido hambre, empujando
a muchos de ellos al suicidio debido a la liberalización de la
agricultura mediante recortes arancelarios, la abolición de las
restricciones cuantitativas y la aplicación de políticas nacionales
agropecuarias inequitativas. Al mismo tiempo, muchos subsidios que
benefician al agronegocio –incluso a la agricultura industrial de
exportación—se  han incrementado en lugar que recortado.

Por otra parte, mientras estas reglas le permiten a las empresas
comercializadoras crecientemente poderosas presionar hacia abajo los
precios que se le paga a los agricultores de todo el mundo por sus
productos, la concentración de la distribución y procesamiento de
alimentos alentada por las reglas de la OMC para la agricultura y los
servicios han llevado a un aumento de los precios al consumidor. 
Por ello:

  • Para evitar una escalada mayor de hambre,
    desplazados y muertes, es imperativo que se emprendan acciones
    inmediatamente para restringir las políticas agrícolas, de comercio e
    inversiones que estimulan la superproducción crónica, y prohibir eldumpingde
    productos agrícolas en los mercados mundiales a precios por debajo del
    costo de producción, practicado por las grandes empresas
    transnacionales agroalimentarias y otros agentes que intervienen en el
    comercio mundial agropecuario. Hay que prohibir los subsidios directos
    e indirectos a las exportaciones que conducen aldumping. Los países deben conservar y  reafirmar su derecho soberano a proteger sus mercados y sectores agrícolas contra eldumping,
    y poder así aplicar medidas que activa y efectivamente brinden apoyo a
    la producción sustentable fundada en la agricultura familiar y
    campesina.

  • Es preciso tomar medidas que
    fomenten y protejan la soberanía alimentaria de los pueblos (el derecho
    de los pueblos y las comunidades a definir sus propias políticas
    alimentarias y agrícolas, así como el derecho a producir sus alimentos
    básicos de forma tal que se respete la diversidad cultural y productiva
    y se apoye la producción campesina y la agricultura familiar), la
    inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria (tanto de los
    consumidores como de los productores). 

  • Las
    medidas que sólo competen a la producción para el consumo nacional y
    que no contribuyen a incrementar las exportaciones a mercados
    internacionales deben quedar eximidas de cualquier acuerdo
    internacional de comercio. Hay que impedir que el sistema de comercio
    socave el sustento de los campesinos, agricultores familiares,
    trabajadores agrícolas, pescadores artesanales y pueblos indígenas.

  • Consideramos
    que el ejercicio de la soberanía y seguridad alimentaria y el
    desarrollo de una agricultura sustentable de base familiar y campesina,
    le exige a los gobiernos reconocer la imperfección y fallas de los
    principios de libre comercio que fundamentan tanto la teoría de
    ventajas comparativas percibidas, como el desarrollo de la agricultura
    orientada a la exportación y las políticas de “ajuste estructural”; y
    que sustituyan esas políticas por otras que le den prioridad y protejan
    a la producción local, de subsistencia y sustentable, utilizando a tal
    efecto medidas de control a las importaciones y reglas que garanticen
    métodos de producción sustentable más equitativos.

  • Para
    garantizar el logro de estos objetivos se requerirán diversos acuerdos,
    probablemente entre ellos una convención sobre soberanía alimentaria y
    agricultura sustentable, y una declaración sobre los derechos de los
    agricultores campesinos y familiares. Con su enfoque actual de
    liberalización del comercio a cualquier costo, ni la OMC ni ningún otro
    “tratado de libre comercio” son en última instancia el lugar adecuado
    para tales reglas, razón por la cual se debe fortalecer otros espacios
    alternativos para discutirlas.

Frenar la globalización orientada por las transnacionales y promover la justicia en el comercio

Las reglas de comercio de la OMC, así como las que emanan de muchos
otros acuerdos comerciales regionales vigentes o actualmente en
negociación, promueven el poder corporativo de las grandes empresas en
la economía mundial proporcionándoles nuevos derechos de protección a
las inversiones, de propiedad intelectual y otros. Al mismo tiempo,
esas reglas perpetúan las políticas neoliberales de privatización y
desregulación tornándolas irreversibles. Todo esto está disfrazado de
“libre comercio”. Este desequilibrio de poder sirve y promueve los
intereses económicos mezquinos de algunos pocos gigantes de la economía
mundial, a menudo con efectos devastadores para las economías locales y
nacionales, particularmente en los países en desarrollo.

Este poder empresarial corporativo se está fortaleciendo a través de
tratados y acuerdos regionales y bilaterales de comercio e inversiones,
cuyas reglas poderosas promueven derechos corporativos para las
empresas y constituyen una seria amenaza a la autoridad gubernamental
democrática nacional. De conformidad con algunos acuerdos, de hecho,
las empresas extranjeras pueden ahora demandar a los gobiernos
nacionales por “lucro cesante” si cualquier ley o reglamentación del
país reduce sus ganancias actuales o futuras. Los derechos ambientales,
laborales y sociales quedan todos subordinados al derecho de las
empresas a lucrar. Es imprescindible revertir esta tendencia.

Habiendo frustrado con éxito el Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI) que hubiera consagrado tales derechos empresariales corporativos,
reclamamos que se le ponga fin a la artimaña empresarial de fomento a
la expansión rápida y aventurada de acuerdos regionales y bilaterales
de comercio e inversiones como estrategia para apuntalar a la OMC
desfalleciente. Asimismo exigimos el cese de cualesquier reglas de
comercio que garanticen el derecho de  las empresas a lucrar sometiendo
a las políticas regulatorias nacionales a demandas y reclamos de
indemnización pagaderos con fondos públicos.

Para empezar a movernos hacia un sistema justo de comercio,
exhortamos a los gobiernos a negociar un acuerdo vinculante que
garantice que las empresas rindan cuenta democráticamente de sus actos
y sus impactos sociales, económicos y ambientales, incluso del papel
que algunas juegan en apoyo a regímenes represivos y el comercio de
armas. Este acuerdo debe negociarse a través de la ONU  y otros
organismos especializados, con participación plena de la sociedad civil.

De otra parte, convocamos a las organizaciones y movimientos de la
sociedad civil a emprender un diálogo mundial de la sociedad civil
tendiente a desarrollar un sistema de comercio alternativo, justo y
sustentable en sustitución del modelo neoliberal –un sistema que
promueva genuinamente un desarrollo sustentable favorable a los pueblos
y fundado en sus derechos básicos, y que ponga en primer lugar a las
comunidades.

Estamos abocados a la construcción de un sistema de comercio
sometido al control democrático, ecológicamente sustentable y
socialmente justo. Por lo tanto, como primer paso, exigimos que
nuestros gobiernos implementen los cambios enumerados en este documento
con vistas a restringir y revertir el poder y la autoridad de la OMC y
reorientar el comercio para crear un sistema justo. Nos comprometemos a
movilizar a la población de nuestros países, en las distintas regiones
y en todo el mundo para luchar por estas demandas y combatir las
políticas injustas de la OMC y el sistema general de comercio
multilateral.

Las opciones que tenemos son tajantes: o aceptamos el orden mundial
imperante centrado en las empresas e hipotecamos el bienestar de las
generaciones venideras y el futuro mismo del planeta, o asumimos el
difícil desafío de encaminarnos hacia un sistema nuevo centrado en las
necesidades de los pueblos, las comunidades y el medioambiente.

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